La destitución a la fiscal general, Diana Salazar, a través de un juicio político en la nueva Asamblea Nacional, por iniciativa del correísmo, no tiene ningún efecto jurídico en sentencias que se hayan emitido en el tiempo que lleva en funciones y más bien sería la consolidación de una especie de represalia por haber demostrado la existencia de redes de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que derivaron en condenas de cárcel.
Salazar está en el cargo desde el 1 de abril del 2019 y debe estar en funciones hasta el 2025 y en caso de que sea destituida será el fiscal subrogante, Wilson Toainga, quien asuma para lo que reste del periodo.