Hay algunos episodios legislativos que podrían develar lo que el Gobierno ha calificado como “sucio pacto político” entre las bancadas Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Construye con el fin de golpear al presidente Daniel Noboa Azín.

Desde hace tres semanas no baja la temperatura de las tensiones políticas entre el Ejecutivo y Legislativo; por el contrario, se radicalizaron cuando el pasado viernes, 14 de junio del 2024, las tres organizaciones políticas (RC, PSC y Construye) cerraron filas ante el pedido judicial de permitir el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por un supuesto delito de concusión. Esto fue rechazado y tildado de “troncha política” por parte del régimen.

El juicio penal, para el Gobierno, abría una posibilidad de alejar a la vicepresidenta Verónica Abad de un eventual reemplazo en el sillón presidencial en caso de una reelección de Noboa en el 2025.